Costa Rica, una nación conocida por su estabilidad democrática, enfrenta en la actualidad
un reto verdaderamente significativo: la desconexión entre sus ciudadanos y las estructuras
políticas que deberían representarlos. La creciente insatisfacción con el sistema político,
exacerbada por la percepción de que los altos cargos del gobierno, incluyendo diputados,
magistrados y otros funcionarios públicos clave, se han vuelto inalcanzables y desligados de
la realidad cotidiana, nos lleva a cuestionar si el sistema actual sigue siendo adecuado para
las necesidades del pueblo costarricense. En este contexto, la convocatoria a una Asamblea
Constituyente se presenta como una solución no solo viable, sino sumamente necesaria.

Reforma Constitucional: El Poder en Manos del Pueblo

Uno de los principales objetivos de esta Asamblea Constituyente debe ser la reforma del
sistema de elección de los principales actores políticos del país. Es imperativo que el pueblo
costarricense tenga el poder de escoger directamente, “a dedo”, a cada uno de los 57
diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al o la Contraloría General de
la República y al presidente de la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, que a primera vista
puede parecer radical, es en realidad un reflejo de la necesidad de restablecer la confianza en
las instituciones y a su vez, es un reflejo de que las cosas en el ámbito político no van de la
mejor manera.
La selección directa por parte del pueblo permitiría un nivel de responsabilidad y
transparencia sin precedentes. En lugar de depender de las decisiones de grupos internos, que
muchas veces responden a intereses particulares o partidistas, los ciudadanos tendrían la

capacidad de decidir quiénes son las personas más adecuadas para representar sus intereses
en cada uno de estos cargos. Esto podría llevar a una clase política más alineada con las
verdaderas preocupaciones y necesidades de la sociedad costarricense.

Referéndums sobre Pensiones y Salarios de Lujo: Un Clamor Popular
Además de la elección directa de los altos funcionarios, es vital que esta nueva
constitución permita que estos representantes puedan convocar referéndums sobre temas de
alta sensibilidad para la población, como las pensiones y los salarios de lujo. Los montos
actuales, sumamente excesivos e inconmensurables, se han convertido en un símbolo de la
desconexión entre una casta política y el ciudadano común. Estas cifras exorbitantes no solo
son insostenibles desde un punto de vista económico, sino que también generan un profundo
malestar social al evidenciar una brecha creciente entre los servidores públicos y aquellos a
quienes deberían servir.
Un referéndum permitiría que el pueblo tenga la última palabra en estos temas críticos. La
posibilidad de someter a votación popular la estructura salarial y las pensiones de los altos
funcionarios es una medida necesaria para asegurar que el sistema sea justo y equitativo. Este
mecanismo no solo democratiza la toma de decisiones, sino que también asegura que los
cambios en estas áreas respondan a la voluntad popular, en lugar de los intereses políticos o
económicos de una casta politiquera.

En resumen, la convocatoria a una Asamblea Constituyente no es solo una opción, sino
una necesidad real y urgente para Costa Rica. La posibilidad de que el pueblo escoja
directamente a sus representantes y tenga la capacidad de influir en decisiones cruciales como
las pensiones y salarios de lujo representa un paso fundamental hacia una democracia más
participativa y representativa. La actual desconexión entre la clase política y los ciudadanos
no puede ser ignorada, y el único camino viable para restablecer la confianza y asegurar un
futuro más justo es a través de una reforma profunda del sistema.
De igual forma si se piensa en la reforma constitucional de 1949 en Costa Rica, aunque
importante en su contexto, fue superficial al conservar gran parte de la estructura de la
Constitución de 1871. Apenas se introdujeron algunos cambios, como la eliminación del
ejército y la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, pero la esencia y muchos
principios fundamentales permanecieron intactos. Esto ha dejado a Costa Rica con una
Constitución que, más de siete décadas después, se muestra obsoleta e incapaz de responder
a las necesidades contemporáneas. La falta de una renovación profunda ha llevado a un
sistema que ya no refleja las realidades y desafíos del presente, haciendo urgente la necesidad
de una nueva Constitución que actualice y adapte el marco legal a los tiempos actuales.
Por ende, el establecimiento de mecanismos que permitan la elección directa de diputados,
magistrados, contralorías y presidentes de la Asamblea Legislativa, así como la posibilidad
de realizar referéndums sobre temas tan cruciales como las pensiones y salarios de lujo, es
esencial para garantizar que el sistema siga siendo representativo y justo.

Costa Rica tiene una rica tradición democrática, pero ninguna democracia puede
mantenerse saludable sin una renovación periódica que responda a las realidades cambiantes.
No se trata solo de cambiar quiénes ocupan los cargos, sino de transformar la manera en
que se toman las decisiones que afectan a la nación. Con la Asamblea Constituyente, el poder
retornará a manos del pueblo, asegurando que las decisiones se alineen con los verdaderos
intereses de los costarricenses. Es el momento de dar este paso valiente y necesario para
construir una Costa Rica que refleje verdaderamente los valores de justicia, igualdad y
democracia que siempre ha defendido.
Este proceso, pese a que en efecto, podría llegar a ser algo desafiante, nos ofrece la
oportunidad de construir un sistema político que no solo sea más eficiente, sino que también
recupere la confianza de la ciudadanía, asegurando que los intereses de todos los
costarricenses estén verdaderamente representados y protegidos.

“La política es para servir, no para servirse”
Gabriel Aguilar Sandoval.