Johan Gómez Trujillo, Politólogo

La democracia en Costa Rica es considerada un referente a nivel regional y mundial. El hecho de no haber tenido dictaduras desde 1919 y haber enfrentado su último conflicto armado de gran escala en 1948 ha ayudado a colocar al país en una posición privilegiada en este tema. Sin embargo, este proceso ha tomado tiempo en consolidarse, primero con la fundación del Partido Liberación Nacional como fuerza socialdemócrata de los vencedores de la guerra civil y después con la reincorporación y participación de los derrotados en las elecciones de 1962. Asimismo, a pesar de la ilegalidad de establecer partidos de ideología comunista, la normativa era bastante laxa, ya que no prohibía la existencia de partidos socialistas, permitiendo así que personalidades con esta ideología participaran en las elecciones.

Posteriormente, en 1975, mediante la Asamblea Legislativa, se reformó el artículo 98 de la Constitución Política, permitiendo la participación de partidos comunistas en la política nacional. Para algunos analistas, esta reforma marca el inicio de una verdadera democracia en el país, ya que fue la primera vez en la que todos los ciudadanos pudieron participar activamente tanto en las elecciones nacionales como municipales. La discusión sobre la democracia en Costa Rica, como se puede observar, no es un tema nuevo. Como se ha explicado, algunos consideran que la democracia ha existido de forma ininterrumpida desde 1948; para otros, comenzó en 1962 con la participación de los perdedores de la guerra civil, y para otro sector, con la participación de los comunistas desde 1975.

Si nos basamos en los indicadores internacionales para afirmar que Costa Rica es una democracia plena, claramente lo es, y de las pocas a nivel mundial. Cada cuatro años, la población sale a votar de manera tranquila por el presidente y los diputados de su provincia, y los resultados siempre son respetados, salvo algún que otro caso aislado que no tiene repercusión en los resultados. Pero aquí debemos profundizar un poco más: ¿es la democracia simplemente votar cada cuatro años por un candidato presidencial amarrado a un partido político y un grupo de diputados escogidos por grupos y figuras internas del respectivo partido? Bajo este concepto, parece que estamos en democracia al cumplir con los parámetros para aparecer en índices internacionales y proyectar una imagen. Claro está que debemos agradecer al menos poder escoger a nuestro presidente, algo que nos parece tan normal, pero que en países como Venezuela no es posible, o llevar a cabo las elecciones de forma pacífica, sin el asesinato de candidatos como ocurre en México.

Sin embargo, si hablamos de verdadera democracia y participación ciudadana, nuestro sistema se queda muy corto, ya que el artículo 98 de la Constitución Política, reformado en 1995, solo permite la participación política a través de los partidos políticos. Esto, desde un inicio, representa una limitación muy clara a los derechos participativos de los ciudadanos, ya que los obliga a integrarse en estructuras que, en la mayoría de las ocasiones, no son democráticas. La realidad es que los partidos políticos funcionan de tres maneras:

1. Amiguismos: En la mayoría de los partidos, si no es que en todos, la única forma de llegar a ser candidato es siendo amigo de miembros de la cúpula superior o siendo lo que coloquialmente se llama un “lamebotas”. Aquí nos encontramos con dos problemas: no todos los ciudadanos tienen amistades con esos niveles de poder para recibir una candidatura, y no todas las personas están dispuestas a dedicarse a alabanzas y adulaciones falsas para escalar hasta lograr un puesto. La mayoría preferiría trabajar y demostrar sus intenciones de cambio mediante acciones.
2. Recursos económicos: En caso de no querer recurrir a los amiguismos, la otra forma de ascenso en los partidos políticos es mediante el pago del puesto al que se aspira. Aquí encontramos otra limitación para la mayoría de los ciudadanos: no todos tienen la posibilidad de desembolsar entre cinco y cuarenta millones de colones para pagar un puesto político que permita ir a “jugar chapitas” en la Asamblea Legislativa y creerse un ser superior, incluso sagrado.
3. Nepotismo: La otra opción es ser familiar de alguna persona que sea parte de la cúpula partidaria. De esta forma, se puede heredar un puesto, como lo hacían los reyes y, de forma más tropical y local, los caciques. Padres e hijos se traspasan diputaciones, se colocan en puestos municipales, simplemente gracias a los apellidos, sin importar si la persona siquiera tiene una pizca de capacidad para ejercer dicho puesto público.

Ahora bien, para todos estos males de nuestra democracia, encadenada por el artículo 98 de la Constitución Política, existen dos soluciones que podrían ayudarnos a lograr una verdadera participación política. La primera sería muy simple: permitir las candidaturas independientes. Con esto, los problemas antes mencionados perderían fuerza, ya que cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos podría participar de forma independiente en la política nacional. Este sistema de candidaturas independientes no es nuevo en nuestra región; países como Panamá, Chile, Colombia y Argentina lo permiten, al igual que en países desarrollados como Canadá, Reino Unido, Australia y Francia. Ahora bien, este sistema de elección directa debe estar regulado para que no se convierta en lo mismo que los partidos políticos. Esto significa que las candidaturas deben ser serias, en el sentido de que la cantidad de firmas necesarias para participar debe ser superior a las 3000 requeridas actualmente para conformar partidos políticos, evitando así una papeleta electoral costosa y llena de candidatos sin una posibilidad real de ser electos.

Como ejemplo de estos sistemas, mencionamos a Chile, que en su Convención Constitucional de 2021, encargada de redactar una propuesta de Constitución Política, contó con 48 diputados independientes de los 155 que conformaron la cámara. Es importante considerar que la mayoría de los costarricenses no se sienten identificados con ningún partido político y, además, los conciben como entes negativos, en gran parte debido a que los partidos han ido perdiendo las líneas ideológicas que antes los definían y atraían a los votantes. En la actualidad, la sociedad no ve muchas diferencias entre uno u otro, ya que se mueven en un intento desesperado por conseguir votos, tanto en temas sociales como económicos.

La otra reforma necesaria para atacar los tres males de los partidos políticos, y que al mismo tiempo obligaría a colocar como candidatos a personas aptas, es la elección directa. Si el país quisiera consolidar su sistema democrático, tendría que permitir que la población elija a los diputados y regidores, en lugar de que sean las fuerzas partidarias las que los impongan. Esto solo sería posible con listas abiertas y un sistema cruzado, donde la posición en la lista del partido o de las candidaturas independientes no tendría relevancia, sino el nombre de quien esté en ella. Esto obligaría a los candidatos a trabajar en sus propuestas y acercarse de forma directa a la población. El sistema cruzado, aplicado en países como Suiza, permite de igual forma a los ciudadanos escoger a los candidatos del partido o lista que deseen, sin tener que otorgar su voto a un grupo de personas cuyos nombres e intenciones ni siquiera conocen. Con esto, si un partido cuenta con personalidades que representen los intereses de la ciudadanía, estos serán electos, y no aquellos que pagaron más dinero para estar de primeros en la lista.

Para fortalecer aún más nuestra democracia, existe otro recurso que a nivel nacional solo se ha utilizado dos veces en nuestra historia: la figura del referéndum. La primera vez fue en 1870, para nombrar a Tomás Guardia Gutiérrez como Presidente con poderes especiales, y la segunda ocasión fue en 2007 con el TLC de los Arias. Como se puede observar, la figura del referéndum ha sido muy poco utilizada, en gran parte porque el artículo 105 de la Constitución Política limita en gran medida los casos en que se puede usar este mecanismo, y porque la Sala Constitucional ha realizado interpretaciones que no le corresponden, eliminando más posibilidades.

Tomando nuevamente a Suiza como ejemplo, Costa Rica debería buscar un camino similar, en el sentido de que la figura del referéndum es necesaria para una población más activa e involucrada en política. Avanzar en cinco o más temas importantes al año aceleraría el trabajo en la Asamblea Legislativa, especialmente cuando estos serían decididos por el soberano, quien al final de cuentas fue quien eligió a los diputados. Tener que considerar los temas que se presenten obligaría a las personas a informarse y tomar posición sobre ellos. En una eventual Constituyente, también se podría disminuir el número de firmas requeridas para promover el uso de este mecanismo.

Si queremos una verdadera democracia en Costa Rica, no la de 12 horas al día cada cuatro años, debemos otorgar a la sociedad civil la posibilidad de participar de forma activa en los procesos electorales y de toma de decisiones. Los partidos políticos ya no cumplen ni representan a la ciudadanía; los niveles de abstencionismo demuestran la pérdida de confianza en los partidos y en el sistema. Debemos otorgar garantías para que el pueblo sienta que su participación tiene sentido, que su voz y voto tienen peso en las decisiones que se toman.

Este es uno de los muchos cambios que Costa Rica necesita, pero para avanzar en el resto primero se necesita de una democracia participativa, no solamente electiva. Algunos dirán que es peligroso, otros que la verdadera democracia solamente está en la Asamblea Legislativa como representantes de la voluntad popular. Lo cierto es que la democracia está día a día en las calles, en personas que bajo su esfuerzo y trabajo generar los recursos para que el país avance, la Asamblea Legislativa y los Gobierno locales no son quienes generan los recursos para las obras públicas y las leyes. Quien debe decidir es la ciudadanía, y la Asamblea Legislativa legislar en pro del país y no en intereses mezquinos que tanto daño le han hecho a un país que clama por democracia.